Asesoria Laboral Gomez Alvarez

LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Jose Ramon Gómez Álvarez   
Martes, 23 de Junio de 2009 08:52

Año tras año el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas se esfuerzan en intentar la disminución de algo tan esencial para la convivencia social  como es el riesgo del accidente en el desarrollo del trabajo, sin embargo los pequeños logros que se consiguen, y que se celebran con tanta alegría, no arrojan los datos que todos deseamos.

La Ley de Infracciones y Sanciones, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley General de Seguridad Social, el Código Penal y otros tantos textos normativos hacen que el accidente de trabajo quede incluido en un marco jurídico amplio y poco efectivo; tanto que, a veces, constituye un marco jurídico injusto, haciendo bueno el refrán de “pagan justos por pecadores”.

En los últimos tiempos, (no más allá de veinte años) las autoridades, los empresarios, los sindicatos y los profesionales nos hemos dado cuenta de que no solamente es necesario un trabajo para convivir pacíficamente en esta sociedad, sino que además es necesario que ese trabajo se lleve a cabo con una total garantía para la salud y el bienestar tanto del trabajador como del empresario. Se han endurecido las Leyes y de esta manera el incumplidor, aquel que de forma voluntaria y consciente lleva a cabo una actividad que da lugar a poner en peligro la salud del trabajador sufre unas consecuencias importantes en la no aplicación de las medidas preventivas; pero al mismo tiempo el sistema, que no podemos decir otra cosa, esta tintado de una gran dureza en su régimen sancionador, también adolece de fallos importantes.

Uno de los enormes conflictos que genera el accidente de trabajo es la disparidad de canales, vías y jurisdicciones que existen en la depuración de responsabilidades. Con lo primero que nos encontramos es con una plurijurisdicción, es decir, cuatro jurisdicciones activas de depuración de responsabilidad. La civil, la laboral, la  administrativa y la penal; como dijera, no sin humor, un interviniente en unas Jornadas organizadas por este Despacho, “salvo la Militar, en un accidente de trabajo intervienen todas las jurisdicciones” y es por ello que se ha venido reclamando  una Ley Integral de Relaciones Laborales con la finalidad de establecer en España un marco adecuado al hecho de depurar las responsabilidades que surgen en un accidente de trabajo, evitando así, no solo la peregrinación de la victima por distintas jurisdicciones, sino también la disparidad de sentencias sobre una misma cuestión.

Por otra parte la Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones en el sentido de una mayor participación del Ministerio Fiscal en esta materia, logrando con ello una invasión del ámbito penal en la materia laboral y a veces, viendo el problema exclusivamente desde el punto de vista penal, sin considerar para nada la materia laboral, tan especial y tan necesitada de especialistas.

Es necesario por lo tanto que se regule de forma correcta y adecuada la depuración de las responsabilidades derivadas del accidente de trabajo porque de no ser así se irá instaurando en muchos Juzgados y Tribunales de nuestro país una criminalización del Accidente de Trabajo.

El actual Código Penal de 1995, incluye en el libro II “delitos y sus penas”, el Título XV “de los delitos contra los derechos de los trabajadores” lo que supone el reconocimiento de un interés susceptible de protección a la clase trabajadora en cuanto tal, como sujeto de derecho.

Dicho Título que comprende los artículos 311 a 318, incluye en lo que aquí nos interesa el art. 316, para el cual:  Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Son elementos típicos de este delito:

1º.- La infracción de las normas de Prevención de Riesgos Laborales, que supone una remisión a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que aborda, precisamente, la Prevención de Riesgos Laborales.

Pero no sólo a ella sino a todas aquellas normas que de alguna u otra forma hacen referencia a la materia preventiva, con independencia de su rango jerárquico.

Normas que, en muchas ocasiones, son de extraordinaria vaguedad e inconcreción y que vienen a exigir más una genérica obligación de proporcionar protección sin una especificación concreta de cómo puede lograrse.

Pero no basta cualquier infracción administrativa para que el tipo penal adquiera plenitud sino que es necesario que la norma de seguridad que se ha infringido ponga en peligro grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores; por ello es necesario que la infracción de la norma lleve implícita la creación de un grave riesgo.

Esto significa que la incursión en el delito dependerá de la infracción administrativa de modo que ésta en su grado máximo llevará aparejada –casi siempre-la infracción penal.

2º.- Los sujetos activos del delito. ¿Quiénes son los infractores de la norma penal? Son las personas obligadas a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desarrollen su trabajo con las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

Nos encontramos por lo tanto con un sujeto típico. ¿Quién está obligado a facilitar las medidas? Pues naturalmente el empresario. Ahora bien el art. 318 del Código Penal determina que cuando los hechos se atribuyeran a personas jurídicas la pena prevista se impondrá a los administradores o a los encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos, y a quienes conociendo su obligación de poner medidas y pudiendo remediar el accidente no hayan adoptado las mismas. Es decir que no sólo será sujeto activo del delito el empresario sino los mandos intermedios, trabajadores responsables de la adopción de dichas medidas.

3º.- ¿Cuál es el contenido de dicha omisión?. El contenido de dicha omisión es no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con seguridad. Y ello equivale a una norma penal incompleta e indeterminada en la medida en que, con frecuencia, las genéricas normas sobre prevención de riesgos, como hemos dicho, no concretan cuáles hayan de ser esas medidas.

4º.- El resultado ha de ser la puesta en peligro grave de la vida, salud o integridad física.

El caso es que con esta estructura penal se están llevando a cabo condenas en el ámbito laboral que generan un clima de temor entre los agentes sociales inadecuado y sobre todo complicado para la estabilidad en el empleo.

Si a estos delitos los ponemos en relación con las lesiones por imprudencia grave del art. 152.1.2 del Código Penal podemos concluir que la no aplicación de una medida de seguridad o una incorrecta interpretación de la misma que haya ocasionado un resultado lesivo a la persona del trabajador va a dar lugar a la privación de libertad de un empresario o de un responsable en la cadena jerárquica de la empresa y a una condena en definitiva contundente y dura como si de un delincuente voluntario y doloso se tratase.

Y así el Código Penal no deja lugar para aquellas conductas en las que, interpretando incorrectamente una norma de seguridad, se alcanza un resultado grave.

Es espantoso ver sentencias en las que se condena al empresario que interpreta la norma incorrectamente del mismo modo que aquel que de forma voluntaria y consciente no aplica la medida de seguridad.
Y aquí radica la esencia de la injusticia del tratamiento penal de accidentes de trabajo.

Las sentencias dictadas por algunos Juzgados y Tribunales del orden penal vienen a condenar acciones en el entorno laboral que nunca deben de salir de esta jurisdicción, la social, pues el sistema ha previsto de forma equilibrada unas consecuencias jurídicas suficientemente contundentes como para no aplicar el sistema penal y en ocasiones se condena no sólo por la omisión de la aplicación de la medida sino por la acción de no impedir lo que no se debe de hacer. Rizando el rizo se trata de una intervención del Estado  desproporcionada e injusta.

Por todo ello es necesario que todos reflexionemos, no podemos llevar al orden penal conductas laborales y no podemos dejar impune las responsabilidades que los propios trabajadores tienen en el accidente de trabajo pues toda la responsabilidad recae sobre el empresario cuando en algunas ocasiones son los propios trabajadores quienes cometen la prohibición, quienes desoyen la orden y quienes están imprudentemente creando el riesgo.

Es necesario por lo tanto abordar una reforma valiente del art. 316 y 318 del vigente Código Penal Español, en el sentido de catalogar la conducta punible por la no aplicación de la medida de seguridad descatalogado la omisión y regulando el supuesto concreto.

Es necesario igualmente que los Jueces y Fiscales del orden penal se especialicen en la materia laboral cuando juzguen un delito derivado de un accidente de trabajo.

Y sobre todo es necesario que el Gobierno aborde de forma inmediata una Ley Integral del Accidente de Trabajo, donde sea el orden social –exclusivamente- a excepción de aquel en el cual se ha cometido una infracción penal, quien conozca de las consecuencias del accidente de trabajo.

El Gobierno y el principal partido de la oposición están pasando de puntillas por una faceta fundamental para la estabilidad de la población. No se trata tanto de aumentar la productividad, no se trata tanto de saber quien lo ha hecho peor en política, se trata de crear medidas serias y favorables a que los trabajadores trabajen sin riesgos pero también que los empresarios puedan vivir tranquilos, sin sobresaltos y que purgue las culpas el que realmente haya pecado.

 

 

 
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